"A la fecha el Ministerio Público logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (...) a la economía nacional", señaló el fiscal general, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter.

Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que "podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos".

El fiscal confirmó este domingo que Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), figura entre los nuevos detenidos, así como y Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

También fueron arrestados Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de la CVG; Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero; Lino Mora, vicepresidente ejecutivo; Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas; y Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la corporación encargada de explotar hierro, bauxita, oro, diamantes y otros materiales "estratégicos".

Fuentes judiciales indicaron a la agencia de noticias AFP que Maldonado, que antes fue director del Banco Central de Venezuela (BCV), formaba parte de una trama de corrupción conducida por el exdiputado Hugbel Roa, quien durante años fue un importante dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ahora detenido.

Entre los delitos imputados a los detenidos están legitimación de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria.

En medio de la purga, el pasado 21 de marzo renunció Tareck El Aissami, el hasta entonces poderoso ministro de Petróleo, sancionado por Estados Unidos.

Si bien no ha sido revelado el monto del desfalco por cuanto la investigación se encuentra en primera fase, reportes de prensa lo sitúan en al menos 3.000 millones de dólares. El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque más tarde negó dicha versión.

Los acusados se enfrentan a condenas de entre 25 a 30 años, dijo el fiscal Tarek William Saab. La pena máxima en Venezuela es de 30 años.

Además, "los bienes incautados provenientes del delito pasan a manos del Estado", añadió Saab, que no descartó más detenciones conforme avancen las investigaciones.