La suspensión de la cooperación judicial de Brasil con el Perú por el caso Odebrecht no solo ha resultado un baldazo de agua fría para las expectativas del Ministerio Público de seguir avanzando con las investigaciones sobre aportes de campaña políticas, sino también ha refrescado viejas críticas hacia el Equipo Especial Lava Jato por, entre otras razones, su falta de celeridad en lograr condenas en sus casos ante el Poder Judicial.

El jefe del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, y el fiscal provincial José Domingo Pérez se encuentran en Brasil desde el 1 de noviembre, analizando la respuesta que darán a la justicia brasileña respecto a las observaciones de Odebrecht, hoy llamada Novonor, sobre una presunta violación por parte de las autoridades peruanos al acuerdo firmado entre ambas partes.

Mientras no se llegue a una solución, la cooperación judicial -entendida como la herramienta utilizada por el Ministerio Público para que sea asistido por su  par brasileño para coordinar la entrega de información y pruebas sobre casos penales- estará paralizada.

Lo cierto es que, previo a la decisón de la justicia brasileña, el fiscal Rafael Vela y la procuradora ad hoc venían advirtiendo de la lentitud de la justicia carioca para apoyar al Perú con testimonios y pruebas del caso Odebrecht
Ambas autoridades señalaban que esta situación se debía a que la Procuraduría de Brasil desactivó la Fuerza de Tarea Lava Jato, entidad que les facilitaba los interrogatorios a los principales exjecutivos de Odebrecht.
Carrión, incluso, precisó que existen 70 ‘codinomes’ pendientes de ser decodificados y que los problemas con la cooperación internacional con las autoridades brasileñas no han permitido que la información sea recibida.
Los codinomes, vale recordar, son seudónimos que Odebrecht utilizaba para referirse a las personas que cobraron dinero de la denominada Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa.
HISTORIAL. El Equipo Especial Lava Jato, con el fiscal Rafael Vela a la cabeza, fue constituido por el entonces titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, quien dispuso la salida de Hamilton Castro como jefe de dicho equipo en julio del 2018.
Desde esa fecha a la actualidad, este equipo de fiscales provinciales y adjuntos ha presentado 11 acusaciones penales que vinculan a exfuncionarios de haber recibido dinero de Odebrecht y otras empresas brasileñas a cambio de recibir beneficios como adjudicaciones de obras o facilidades para ganar licitaciones públicas.

Estas son: caso Metro de Lima; Partido Nacionalista Peruano; IIRSA Sur (tramos 2 y 3); IIRSA Sur (tramo 4); Vía Evitamiento Cusco; Bonos Soberanos; Cócteles; Ositran; Costa Verde-Callao; Ecoteva y Susana Villarán.

De estos casos, solo el del Partido Nacionalista Peruano, que vincula al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, se encuentra en etapa de juicio oral, interrogando a testigos.

El otro caso más cerca a una etapa definitoria es el del Metro de Lima -que involucra al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo y otros 8 coacusados- pues el Poder Judicial programó el inicio del juicio oral para el próximo 5 de diciembre.

De los 11 casos en acusación, ocho de ellos fueron abiertos e impulsados por el anterior Equipo Lava Jato, que comandaba el fiscal Hamilton Castro, junto a sus fiscales adjuntos en la oficina de la avenida Abancay. Luego, las carpetas se trasladaron a manos de José Domingo Pérez y otros fiscales provinciales y adjuntos, en la cuadra 2 de Jirón Miró Quesada, centro de Lima.

Pérez, antes de formar parte del nuevo Equipo Lava Jato, era un fiscal anticorrupción que, en setiembre del 2017, fue requerido por Vela, coordinador del subistema de lavado, para que sea parte de las fiscalías antilavado.

Como fiscal, Domingo Pérez acumuló tres casos, en ese entonces desperdigados, respecto a la excandidata Keiko Fujimori: aportes a la campaña fujimorista 2011, Cócteles y Anotación de Marcelo Odebrecht “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” para acelerar con las pesquisas

Luego, el fiscal fue llamado por Vela para ser uno de los fiscales provinciales protagonistas del Equipo Lava Jato, en junio del 2018..

Hoy, el caso se encuentra en etapa de control de acusación (fase previa al juicio), dirigido por el juez Víctor Zúñiga.

MÁS CIFRAS. El Equipo Lava Jato tiene 44 investigaciones en etapa preparatoria y 51 en etapa preliminar, según información de la Procuraduría ad hoc. En esta etapa, por ejemplo, es investigado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski desde hace cuatro años.

Cifras más, cifras menos, lo cierto es que el Equipo Lava Jato no ha logrado hasta la fecha que el Poder Judicial dicte sentencias condenatorias en sus casos.

La condena determina el éxito de las investigaciones y acusaciones fiscales.

De lo contrario, no se puede tener a una persona eternamente investigada; justicia que tarda no es justicia; por lo que resulta necesario que el sistema de administración de justicia sea célere en determinar a los responsables en este megacaso de corrupción, señalan especialistas consultados para este informe.

La prisión preventiva y medidas restrictivas que hemos visto a los largo de los años con el caso Lava Jato no determinan la culpabilidad de los imputados: son solo medidas temporales para asegurar el éxito de los procesos, resguardando las pruebas y testimonios.

En 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19, fueron excarceladas, por ejemplo, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la exalcaldesa Susana Villarán, quienes afrontaban prisiones preventivas por el caso Odebrecht.

ACUERDO. Otra crítica al Equipo Especial es la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, en febrero del 2019, un proceso por el que la empresa reconoció culpabilidad en cuatro casos.

Estos son: Metro de Lima, Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), Vía Evitamiento del Cusco y Costa Verde del Callao.

El acuerdo -cuyo contenido nunca fue revelado al público a pesar de su importancia- fue homologado por la jueza María Álvarez el 17 de junio de ese año, significó el pago de una reparación civil por S/ 610 millones en 15 cuotas anuales.

De momento, la empresa brasileña ha cancelado tres cuotas valorizadas en S/ 124 millones.

Sin embargo, al estar suspendida la colaboración jurídica, entra en dudas si Odebrecht cancelará la cuarta cuota prevista en diciembre de este año. Digamos, si la constructora considera que las autoridades peruanas han vulnerado parte del acuerdo podrían retrasar su pago.
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